En 2019, las Economías Regionales exportaron por más de 7.200 millones de dólares, pero se estima que solo el 1,4 por ciento de esas ventas al exterior fueron realizadas por pymes, lo que demuestra que las exportaciones argentinas de agroalimentos están altamente concentradas en pocas empresas de gran tamaño.

Si bien son varios los inconvenientes que dificultan la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, más aún cuando se trata de la inserción comercial externa de alimentos que deben cumplir con las más altas exigencias de calidad e inocuidad por parte de los consumidores, no todos los problemas provienen de la propia empresa. El rol que asume el Estado ante este desafío es clave, pudiendo transformarse en el principal aliado —mediante políticas públicas de apoyo y promoción—, o bien en un obstáculo para salir al mundo.

Frente a una demanda creciente de alimentos de calidad integral, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) decidimos crear el sello de Triple Impacto “CAME Sustentable” para acompañar a las pymes en su proceso de adecuación a nuevos parámetros de producción y consumo. En principio, esta certificación estará disponible para el sector agroalimentario para, en una segunda instancia, extenderse a otros sectores de la economía.

La internacionalización es importante ya que los beneficios que conlleva no solo los perciben las empresas, sino también el país en su conjunto. Además de posibilitar el ingreso de divisas, inyecta dinamismo en todos los actores de la cadena de valor y supone un incremento en el nivel de empleo y en el poder adquisitivo de los trabajadores, reactivándose la demanda local.

Si bien las pymes agroalimentarias tienen un gran potencial exportador, no debemos, por ello, olvidar la relevancia del mercado interno.

Nuestro territorio permite producir alimentos en casi todas sus latitudes, pero de poco sirve si luego los productores no reciben un precio justo y venden su producto a precios que se encuentran, en su mayoría, por debajo de los costos de producción.

Esta y otras problemáticas merecen ser escuchadas y atendidas por lo que, dada la representatividad del sector de Economías Regionales de CAME, hemos solicitado nuestra incorporación a los directorios de organismos descentralizados, tales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).

Para que los pequeños y medianos productores puedan ser rentables y competitivos, no solo debemos pensar en nuevas formas de comercialización que permitan evitar la intermediación y reducir los costos ocultos, sino también en impulsar una reforma laboral, impositiva y financiera acorde al sector productivo, que invierte pensando en el desarrollo del país.

Julio de 2020